Por una vivienda de interés social digna

Por una vivienda de interés social digna. Deplorable que en Colombia a los pobres se los siga tratando tan mal; que se considere que sus necesidades básicas requieren medidas de urgencia y sin planeación ni planificación, que se  incremente la mentalidad de pobreza y se los hacine en viviendas que no responden a las verdaderas expectativas de sus beneficiarios.

Hace ya algunos años hicimos pública la denuncia sobre más de trescientas viviendas de interés social construidas en Nueva Aranda en la ciudad de Pasto; casas de tres por ocho, sin ventanas, sin puertas, sin pisos, sin dignidad alguna. Cuatro paredes de concreto prefabricado con una lámina de  tejado barato que en ese entonces nos costó a los colombianos la friolera de veinticinco millones de pesos por unidad habitacional. A pesar de las denuncias y de las voces de repudio, los entes de control determinaron que lo actuado se ajustaba a las normas y en concordancia con la ley. Corrieron gruesas sumas de dinero que callaron las voces de funcionarios corruptos e incompetentes.  Y los pobres siguieron en sus casas creyendo que todo era gratis y que su inversión justificaba lo recibido como vivienda.

Hoy, y a raíz del programa de vivienda gratis en Colombia, se vuelven a escuchar voces de repudio contra algunos constructores que continúan con esa mentalidad de que todo lo del pobre  es robado, que su pobreza justifica ese maltrato social e inequitativo.  Tal es el caso expresado por la periodista María Elvira Bonilla quien en tono fuerte denuncia lo acontecido en Buenaventura: “Sí, conglomerados sórdidos como están siendo los grandes conjuntos de viviendas del programa de casas gratis que se les están entregando a los más pobres de los pobres, el cual inició el vicepresidente Germán Vargas Lleras. Todo es a la brava. Basta ver, por ejemplo, el macroproyecto San Antonio de Buenaventura, financiado con los dineros encontrados en la caleta de Chupeta. Son 600 casas de escasos 52 metros, sin diseño, encerradas, sin consideración alguna del rigor del clima y de la humedad del Pacífico, y menos aún de las costumbres de los porteños que las van a habitar. Son unas colmenas hirvientes sin ventanas, ni altura, ni un mínimo antejardín para tomar la fresca para soportar el sofocante calor. Igual sucede con las soluciones del barrio Potrero grande en Cali, también construido para albergar la población negra llegada del Pacífico, y así se repite a lo largo de todo el país, sin mayores excepciones. El Gobierno quedó atrapado en la ecuación que se ha generalizado entre los constructores, quienes actúan con criterio eminentemente financiero: la mayor cantidad de unidades de vivienda posible en el menor y al menor precio para asegurar máxima rentabilidad”.

Igualmente eleva su voz para reclamar espacio digno, no únicamente concreto y asfalto: “aquí no se entiende lo que quiere decir hacer arquitectura para la gente. Se destruyen los sitios, no hay sentido del lugar, nada se hace con un significado urbano o social, se vive en una rapiña por el espacio donde los constructores mandan e imponen las reglas. La arquitectura debe ser un acto democrático que devuelva la ciudad a la gente, a la colectividad, con espacios humanos,  y áreas verdes de uso colectivo, y no estos conglomerados sórdidos que le están dejando a la gente”.  La gente merece respeto y no dadivas que alimentan su perenne condición de pobreza, de espacios que le permitan una realización personal y familiar, la vivienda es más que muros y paredes, es ese lugar donde desarrollamos nuestro proyecto de vida y el sitio en el cual miramos el crecer de nuestros hijos y crece ese amor filial y de pareja.  Pero se sigue pensando en Colombia que dar vivienda gratis o subsidiada en otorgarse el derecho de maltratar física y emocionalmente por cuanto quien padece ese trato considera que “a caballo regalado no se le mira diente” o regurgita continuamente es a manida frase de que “gracias a Dios tenemos por lo menos donde meternos”.

Elevamos un llamado a los entes de control, a los veedores ciudadanos, a la opinión publica parta que no se permita más en Colombia este tipo de actuaciones indecorosas, que se trate digna y decorosamente a los pobres de nuestro país brindándoles no únicamente unas cuatro paredes sino la tranquilidad de una vivienda digna, decorosa y que permite el pleno ejercicio de nuestros derechos.  No puede repetirse lo de esta urbanización en Buenaventura o en Cali o en muchos sitios de nuestra geografía. Deben crearse o aplicarse mecanismos de control urbanístico para evitar que nuestros gobernantes confabulados con constructores inescrupulosos continúen metiéndole la mano al dril del presupuesto nacional.

Pablo Emilio Obando Acosta

peobando@gmail.com