POBREZA E INSEGURIDAD ALIMENTARIA EN NARIÑO: NUEVOS Y VIEJOS RETOS PARA DIALOGAR

Por: Carlos Córdoba – Director para Colombia de Rimisp – Centro Latinoamericano para el Desarrollo Rural y Daniel Niño- Asistente de investigación

POBREZA E INSEGURIDAD. La pandemia por COVID 19 ha hecho visibles, y en otros casos ha agudizado, retos que tenemos pendientes como sociedad y como departamento. Esto quedó en manifiesto, una vez más, tras la publicación de las cifras de pobreza monetaria del país. Nariño con un 49.9%, continua por encima del promedio nacional de 42,5%. Niveles de pobreza que han significado el aumento de brechas y una amenaza para el cumplimiento de derechos fundamentales, tal y como lo es el derecho a la nutrición, siendo ésta un requisito indispensable para la protección de la vida y para el desarrollo de las capacidades físicas y mentales de la población. Esto no deja de ser paradójico teniendo en cuenta el potencial agrícola del departamento. Es por esto que existe una amplia variedad de políticas e intervenciones que debemos iniciar a discutir, reconociendo en Nariño toda la capacidad para avanzar en los objetivos de eliminación de la pobreza y el hambre.

POBREZA E INSEGURIDAD ALIMENTARIA EN NARIÑO

En este contexto, se hace imperante dialogar en torno a lo que significan, y las consecuencias que tienen estas cifras para el departamento. A partir de esta reflexión, identificamos varias propuestas. Para el caso de la pobreza monetaria, si bien no registró aumentos en el 2020 (49.9%) frente al año 2019 (51,0%), este indicador había mostrado una tendencia creciente desde el año 2017, y aumentos permanentes en la pobreza monetaria extrema: 2020 (15,8%) – 2019 (14,8%). También persisten brechas de género, siendo mayor el porcentaje de mujeres en situación de pobreza monetaria. Acciones concretas que atiendan estas asimetrías, así como la pobreza monetaria extrema, con énfasis en los grupos más vulnerables, deben ser incluidos en la agenda de reactivación.

Los altos niveles persistentes de pobreza han tenido consecuencias en la seguridad alimentaria del departamento. Tema en el que consideramos se debe insistir, dadas las consecuencias a mediano y largo plazo sobre el bienestar individual y el desarrollo comunitario, y al amplio margen de acción que tiene un departamento con vocación agrícola para dar solución a esta problemática. De acuerdo con la Encuesta de Seguridad Alimentaria realizada por Rimisp – Centro Latinoamericano para el Desarrollo Rural, se encontró que el 33% de los habitantes del departamento se encuentran en situación de inseguridad alimentaria moderada y el 13% se encuentra en estado de inseguridad alimentaria severa. Esto se traduce, en que cerca del 46% de los nariñenses tienen problemas, al día de hoy, para acceder a una cantidad de alimentos suficientes para tener una vida saludable y productiva.  Cifras por demás muy preocupante.

Con estos elementos, podemos continuar preguntándonos por el papel que podría desempeñar la agricultura familiar en el fortalecimiento de la seguridad alimentaria del departamento. Pensamos en la agricultura familiar ya que esta representa el 55% de las unidades de producción agropecuaria (UPAS’s) en Nariño y con este enfoque, involucramos algunos grupos vulnerables que, como hemos señalado, deben ser protagonistas en la construcción de medidas contra la pobreza y en pro de la seguridad alimentaria.

Para dar continuidad a esta discusión, y teniendo como prioridad la definición de políticas concretas, Rimisp -Centro Latinoamericano para el Desarrollo Rural, junto con la financiación de la Cooperación canadiense, está implementado en Nariño, así como en otras regiones del país y de Latinoamérica, un proyecto llamado “Siembra Desarrollo. Pequeña agricultura y alimentación resilientes al COVID-19”. En el marco del proyecto, se está implementando el Grupo de Diálogo Rural (GDR), que se inaugurará en este mes de julio.  Este espacio tiene el objetivo de incentivar el encuentro entre los distintos actores involucrados en el sistema agroalimentario del Departamento y construir una agenda conjunta para avanzar en objetivos como la erradicación de la inseguridad alimentaria en el departamento, un imperativo ético que tanto el gobierno como el sector privado y la sociedad civil deben priorizar en sus intervenciones.