Unos 27.000 millones de pesos presuntamente desviados estaban destinados a costear gastos de militares venezolanos que desertaron a Colombia en febrero pasado.

Son dos los delegados del presidente interino de Venezuela a los que señala el medio digital Panam Post de hacer mal uso de los recursos, girados del propio bolsillo de Humberto Calderón Berti, expresidente de la estatal petrolera Pdvsa y representante de Guaidó en Bogotá.

Se trata de Rossana Barrera y a Kevin Rojas, copartidarios de Guaidó designados para sustituir a los diputados José Manuel Olivares y Gaby Arellano, exiliados de tiempo atrás en Colombia, en la supervición de la situación en la frontera. Este nombramiento se dio justo el día después del fallido intento de pasar la ayuda humanitaria a Venezuela, momento en que se dieron las múltiples deserciones.

Según Panam Post, entre las irregularidades figuran “facturas que demuestran excesos”, gastos “de ropa en carísimas tiendas de Bogotá y en Cúcuta”, además de alquiler de vehículos y pago de hoteles con “sobreprecio”.

Citando tres fuentes distintas, ese medio señala que “Barrera reportaba a Caracas el pago de los siete hoteles en los que se estaban alojando los uniformados y sus familiares”, por lo cual recibía el dinero, aunque en realidad eran solo dos los hoteles. Asimismo, aseguran que se infló la cifra de desertores de unos 700 a 1.450.

Otro de los hechos por el que acusan a los funcionarios es el de organizar una supuesta cena benéfica para recoger fondos para los militares, pero que ante la negativa de apoyo de la embajada, decidieron llevar a cabo por su cuenta, pero haciendo pasar como oficial.

Pero peor aún que esto resulta que Rojas y Barrera estaban entre los encargados de distribuir la ayuda humanitaria que no pudo pasar inicialmente hacia su país, de la cual ya más de la mitad estaría inservible. “Todo lo que envió el presidente Piñera ya no sirve. Está ahí. No saben qué hacer con ello para que no se arme un escándalo. Lo quemarán, imagino”, dijo una fuente a ese medio.

Ambos fueron apartados de sus funciones después de que el propio Guaidó y hasta Leopoldo López se enteraran de sus desmanes, que las autoridades colombianas ya vendrían siguiendo. Aun así, al rendir cuentas justificaron tan solo un gasto de 100 mil dólares, detalla el Panam Post.

En medio del ‘río revuelto’, el ministro de Comunicación venezolano, Jorge Rodríguez, aprovechó para vincular a Guaidó con una “gigantesca trama de corrupción” y de enviar dinero a la ciudad colombiana de Cúcuta “para reclutar sicarios”. Su denuncia se basó en supuesta información del celular de Roberto Marrero, asistente de Guaidó detenido en marzo pasado bajo cargos de “terrorismo”.

El líder opositor no se refirió a estas aseveraciones, pero sí a las del Post, pidiendoeste viernes a las autoridades colombianas investigar los presuntos hechos de corrupción:

El secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, también hizo eco del texto periodístico y se unió al pedido de una investigación: