El senador por el Centro Democrático publica un video con el post “Una protesta social o un acto criminal”, además de escribir en mayúsculas la palabra “EMPOBRECE” de la frase con que comienzan las imágenes. Todo eso predispone a cualquiera que vea la pieza audiovisual.

No se puede negar que ha habido actos criminales, que incluso cobraron la vida de un uniformado, que deben ser investigados y castigados, pero surge el interrogante de si la expresión de inconformidad de miles de indígenas que no ven respondidas sus reclamaciones por años se puede reducir solo a los actos vandálicos de los que pretenden pescar en río revuelto.

Esos actos ilícitos, cuyos autores se confunden entre todos los actores ilegales que delinquen en el sur del país, los relaciona Uribe en su video así: “muros de contención destruidos”, “asfalto destruido”, “utilización de menores de edad”, “destrucción de tramos de vía”, “atentar contra la seguridad de viajeros”, “destrucción de señales de tránsito, señalización vial destruida” y “sin muros de contención vendrá el deslizamiento”.

Las imágenes, reales, eso sí, que ilustran los comentarios del expresidente van acompañadas de la dantesca melodía de un órgano, lo que maximiza su dramatismo.

Al final del video, que dura un minuto y 38 segundos, Uribe escribe otros tres comentarios que rematan su punto de vista sobre la protesta de los aborígenes: “Violencia indígena”, “perdidas millonarias para todos [textualmente]” y “No se justifica, pierde Colombia”.

Al ojear, por ejemplo, la columna de Javier Ortiz en El Espectador, se puede entender que detrás del movimiento indígena hay más que la violencia que quieren imponer algunos sectores que intentan sacar ventaja de esa crisis.

Para empezar, Ortiz cita a Giovani Yule, dinamizador del sistema de gobierno propio del Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC), espacio organizativo donde se agrupan los pueblos del suroccidente del país, según el cual “en la mesa nacional de concertación donde se plantea la consulta previa del Plan Nacional de Desarrollo (PND) se acordaron $10 billones para invertir en todos los pueblos indígenas colombianos. Sin embargo, cuando el Gobierno radica el proyecto en el Congreso, le quita el capítulo étnico indígena, lo pone solo como un anexo y le reduce el 70% del presupuesto. Es decir, como con muchos otros temas, el Gobierno de Duque ha hecho conejo con el Plan de Desarrollo”.

“Particularmente entre los indígenas del suroccidente existen unos antecedentes de una lista de compromisos adquiridos, a los que el presidente ha respondido que no, que no era con él, que eso fue con otro, como si el Estado pudiera olvidar sus compromisos constitucionales cada vez que cambia de gobierno”, continúa Ortiz. “El movimiento indígena lo que reclama son temas relacionados con el sistema de salud y educación, temas ambientales y derecho al territorio, y de manera especial el tema del derecho a vivir en paz. No hay que olvidar que el exterminio de los líderes sociales en Colombia se ha ensañado especialmente con los pueblos indígenas del Cauca”.