La Fiscalía General de la Nación y la Policía Nacional, a través de la Dirección de Carabineros, conformaron un equipo técnico y de investigación que, en año y medio, identificó a una organización delincuencial señalada de controlar la extracción de oro en el denominado Triángulo de Telembí (Nariño), crear empresas fachada para procesar el mineral y diseñar varios métodos de camuflaje y transporte para sacar clandestinamente los lingotes a Ecuador y Perú.

Los complejos ilegales de explotación fueron ubicados en cinco intervenciones a zonas aledañas a los ríos Telpí, Telembí, Sumbiambí y Nambí. En los procedimientos se constató el uso de maquinaria pesada para remover toneladas de tierra y quedó al descubierto la utilización indiscriminada de mercurio, entre otras sustancias tóxicas.

Todo el material sólido y químico terminaba en los afluentes, por lo que los peritos ambientales tomaron muestras del agua y certificaron con detalle el grave daño ambiental y la acelerada contaminación que estaría acabando con las fuentes hídricas de la región

La evidencia física recopilada en cada operación, la búsqueda selectiva de información y los controles técnicos a las comunicaciones, permitieron individualizar a 10 presuntos integrantes de la estructura criminal, conocer sus roles y establecer que los cabecillas harían parte de una misma familia de apellido Castaño.

El andamiaje ilegal

En la investigación se conoció que el principal financiador de la organización, alias Barbado, y otros familiares suyos, al parecer, enviaban desde Amalfi (Antioquia) el mercurio, los repuestos e insumos para la maquinaria y coordinaban la extracción ilegal, a través de varios administradores que tenían en cada una de las minas en Nariño.

El oro obtenido era trasladado a Barbacoas y fundido en una ferretería de nombre El Martillo. Luego, los lingotes salían en buses de servicio público hacia Ipiales (Nariño) y allí, supuestamente, quedaban a cargo de un contacto de la organización que los camuflaba en automóviles que se movilizaban a Ecuador con la apariencia de un viaje de familia. En tres incautaciones fue descubierta esta modalidad en la que viajaban papá, mamá e hijos en un vehículo con un aparente propósito turístico, cuando en realidad servían de fachada para llevar el oro.

Capturas

Un fiscal de la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos obtuvo órdenes de captura contra las personas que harían parte de la red de minería ilegal. 8 de las detenciones se hicieron efectivas en diligencias realizadas por la Dirección de Carabineros de la Policía Nacional en Pasto e Ipiales (Nariño), y Amalfi (Antioquia). Los capturados son:

Johnny Ferney Rúa Castaño (socio).
Dairo Arteaga Urango, alias Gallinazo (administrador de mina).
Gabriel Ángel Hernández Cortés (administrador de mina).
Ehider Alonso Chavarría Posada (supuesto comprador y vendedor de oro, y encargado de fundir el mineral en la ferretería El Martillo).
Juan Fernando Posada Chavarría (administrador de ferrieléctricos El Martillo)
Bayron Richard Carvajal Rodríguez (presunto comercializador de oro señalado de coordinar la salida del mineral de Ipiales a Ecuador).
Rubén Darío Carvajal Rodríguez (socio del comercializador).
Jorge Andrés Checa Burbano (transportador).

La Fiscalía imputó los delitos de concierto para delinquir agravado, enriquecimiento ilícito de particulares, daño a los recursos naturales, contaminación ambiental por explotación de yacimientos mineros y explotación ilícita de yacimientos mineros. A uno de los procesados, Bayron Richard Carvajal, también le formularon cargos por fraude procesal porque habría presentado documentos falsos ante una alcaldía municipal para solicitar la devolución de varios lingotes de oro que fueron incautados.

Siete de los detenidos recibieron medida de aseguramiento en centro carcelario. Respecto a los presuntos cabecillas hay órdenes de captura vigentes y son buscados.

Extinción de dominio

Los estudios contables realizados por los investigadores evidenciaron que, en los últimos dos años, el señalado clan familiar tuvo ganancias ilícitas superiores a los 10 mil millones de pesos. Las investigaciones dan cuenta que semanalmente extraían entre 400 y 600 gramos de oro y habrían cerrado negociaciones con sus contactos en Ecuador por 200 mil dólares.

Precisamente, el rastreo financiero a los integrantes de la estructura permitió identificar varios bienes que fueron adquiridos desde 2015, año en el que ya ejercían las actividades de minería y venta ilegal de oro. Ante los indicios sobre el origen ilícito del patrimonio, un fiscal de la Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio impuso medidas cautelares a 18 bienes, que superarían en valor los 5 mil millones de pesos.

Las diligencias de ocupación fueron simultáneas a las capturas y se cumplieron en Pasto e Ipiales (Nariño), y Medellín y Amalfi (Antioquia). Los bienes están representados en 9 inmuebles, 8 vehículos y 1.766 gramos de oro que quedaron a disposición de la Sociedad de Activos Especiales (SAE).

Entre las propiedades sobresalen tres fincas ganaderas en Amalfi (Antioquia), que suman algo más de 100 hectáreas y cuyo avalúo alcanzaría los 3 mil millones de pesos; un apartamento con garajes y depósitos en un exclusivo sector en Medellín, y automóviles de alta gama.