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Absuelven a Carlos Albornoz, exjefe de DNE, investigado por irregularidades en manejo de bienes

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El Juzgado 33 Penal del Circuito absolvió al exdirector de la liquidada Dirección Nacional de Estupefacientes (DNE) Carlos Albornoz Guerrero, por actos de corrupción en el manejo de bienes en proceso de extinción de dominio.

cabe recordar que la Fiscalía le imputó los delitos de interés indebido en la celebración en contratos, obtención de documento falso, fraude procesal y peculado por apropiación.

Tras casi siete años de proceso el juzgado consideró que la Fiscalía no logró probar la responsabilidad del exfuncionario en los cargos imputados.

También fueron absueltos Carlos Enrique Robledo Solano (exsubdirector de la DNE), y Tito Arcadio Perilla Cepeda, Ana Lucía Estrada, quienes compraron el bien Granja 32.

Al leer el sentido de fallo, la jueza recordó que Granja 32 se le quitó al señalado narcotraficante Guillermo Ortiz Gaitán. El predio era administrado por la DNE y estaba ubicado en Cota, Cundinamarca.

Ese bien se le entregó a Lonja de Propiedad Raíz en Bogotá y esta lo entregó a Gabel Ltda. Se le arrendó a Tito Arcadio Perilla por más de un millón de pesos. Luego se le vendió a él y su esposa Ana Lucía Estrada por 1.200 millones de pesos, según escritura del 29 de septiembre del 2009.

La Fiscalía había asegurado en el proceso que hubo un peculado porque “el proceso de venta tuvo como propósito la apropiación de Granja 32 para el matrimonio de los Perilla Estrada”. Para eso, había dicho la Fiscalía, “acordaron vender el inmueble por un valor inferior al comercial”.

La Fiscalía dijo en el juicio que Albornoz, director de DNE era responsable porque aprobó el proceso de venta y omitió vigilar que se vendiera por su valor real. Y Carlos Enrique Robledo, subdirector jurídico, omitió informar en los canales institucionales la existencia de un avalúo en el que el bien tenía un valor superior.

Según la Fiscalía el matrimonio se aprobó de 1.600 millones porque ese era el dinero de más que no pagaron por el bien Granja 32, ya que costaba más de 3.200 millones de pesos.

En el proceso, la defensa había dicho que los avalúos de la Fiscalía no eran correctos y que no demostró cuál fue el papel de Albornoz en el supuesto detrimento patrimonial para el Estado.