Se trata de una carta, una «comunicación legal», firmada por el abogado Fernando Franco, quien asevera representar los intereses de senador en los Estados Unidos.

Coronell recibió la carta el 11 de julio de 2018 y la publicó el 22 del mismo mes, aunque el remitente, le solicitó no publicarla debido a que se consideraba de caracter «confidencial». Sin embargo, el periodista indica que no existe una base legal para no hacerlo.

El hombre que se presenta como el abogado del expresidente Uribe le dice a Coronell que “desista de la publicación de declaraciones difamatorias” sobre su cliente, sin importar su origen, y lo invita a que se retracte, aunque no descarta una posible demanda en su contra.

Según la publicación de Coronell, las razones por las cuales podría existir un pleito en Estados estarían relacionadas por las “lesiones graves e irreparables al Sr. Uribe Vélez y a su reputación” ocasionados, según Franco, “por difundir material calumnioso y difamatorio sobre mi cliente a través de medios impresos e Internet”.

Cabe recordar que el periodista ha reveló material probatorio, en poder de la Corte Suprema de Justicia, que evidenciaría posibles maniobras ilegales de dos hombres cercanos al expresidente Uribe para torcer el testimonio de Juan Guillermo Monsalve Pineda, testigo clave en una investigación que vincularía al expresidente en “delitos de homicidio, concierto para delinquir y manipulación de testigos”, señaló Coronell en la revista.

Frente a ello, el abogado Fernando Franco le dice a Coronell que en las columnas hay un “sutil y estratégico cruce de los hechos” para implicar a Álvaro Uribe Vélez con “actividades corruptas e ilegales como la manipulación de testigos y el tráfico de influencias para operar más allá del alcance de la ley (…) guiado por su propia agenda personal y política preconcebida”.

Todo eso haría que el pleito escale a los tribunales y por eso Coronell anticipó que contará con los servicios del prestigioso abogado Hunter Carter, que ha representado casos emblemáticos en Estados Unidos y ante la Corte Internacional de Derechos Humanos (CIDH).