Los procesos tienen relación con la recompra de una parte de la Transportadora de Gas Internacional TGI y con la expedición del decreto por el cual se modificó el Plan de Ordenamiento Territorial -POT- de Bogotá.

La Fiscalía General de la Nación archivó la indagación que se adelantaba contra el exalcalde de Bogotá Gustavo Petro, y la exgerente de la empresa de Energía de Bogotá, Sandra Stella Fonseca, además de ocho integrantes de la junta directiva de esa entidad, por la recompra que, durante su alcaldía, hizo de una parte de la transportadora de gas internacional (TGI).

Los peritos de la policía judicial financiera determinaron que la valoración que se hizo de las acciones de la TGI era la adecuada y en cuanto a un posible pago de dividendos la evidencia no permite establecer que esto hubiera ocurrido.

La Fiscalía investigaba la presunta apropiación de recursos públicos por parte de los miembros de la Juntas Directivas de la Empresa de Energía de Bogotá (EEB S.A. ESP) y de la Transportadora de Gas Internacional TGI, que en el mes de marzo de 2014 aprobaron la compra del 31,92% del paquete accionario de TGI por USD$880 millones a la compañía Inversiones en Energía Latino America Holdings IELAH España.

De igual manera la orden de archivo se emitió por cuanto la evidencia recaudada no acreditó que en dicho proceso de compra se hubieran cancelado por doble partida los dividendos de 2013 en cuantía de $130.066.744 que le correspondían al accionista IELAH España.

Otras decisiones

La Fiscalía General de la Nación ordenó el desarchivo de la indagación que se sigue en contra del exalcalde de Bogotá, Gustavo Petro Urrego, y del exsecretario de planeación distrital, Gerardo Ardila Calderón, por la expedición del Decreto 364 del 2013, por medio del cual se modificó el Plan de Ordenamiento Territorial -POT- de Bogotá.

El ente investigador encontró mérito para continuar la investigación por el delito de abuso a la función pública, por una eventual transgresión a la ley penal al expedir mediante decreto una modificación al Plan de ordenamiento Territorial POT, después de haber sido improbado por el Concejo de Bogotá.

Este proceso fue archivado en 2014, en consideración a que no se pudo constatar que se hubiera configurado el delito de prevaricato por acción en cabeza de los indiciados.