La iniciativa parte del legislativo que busca modificar los vacíos que hay en la ley actual que castiga el acoso en las instituciones educativas, también llamado bullying.

Las cifras del bullying siguen en aumento y con ello la preocupación de todas las partes involucradas en la vida de al comunidad educativa.

Un estudio treciente de la ONG RedPapaz realizado con 50.000 estudiantes demostró que los más afectados por matoneo son los de quinto y noveno grado con un 29% y 15%, respectivamente.

También indica el estudio que esta situación en Bogotá registró -al menos- 571 casos de matoneo en 2013 contra 149 en el 2012.

Las alarmantes cifras movieron a que la bancada del Partido Liberal propusiera en la pasada legislatura una ley que controlara, castigara y disminuyera la intimidación y violencia en los colegios, convertida en la Ley 1620 de 2013.

La ley creó  el Sistema Nacional de Convivencia Escolar “y que tenía como objetivo contribuir a la formación de ciudadanos activos que aporten a la construcción de una sociedad que respete las diferencias del otro y prevenga la violencia escolar en los niveles educativos de preescolar, básica y media”.

La representante liberal Clara Rojas radicó un proyecto de ley con el fin de mejorar las herramientas diseñadas en el anterior proyecto, entre ellas el mecanismo de denuncia de hechos de bullying escolar en las instituciones de educación pública y privada, como también las campañas de prevención que son las que están contempladas, en buena medida, en los manuales de convivencia.

“La última estadística es que 1 de cada 5 niños es objeto de bullying en el colegio. ¡Imagínese! La vida de ellos es como un infierno cuando deberíamos fomentar espacios de convivencia sana e integral”, explicó Clara Rojas.

El proyecto de la representante pretende modificar el artículo 36 de la Ley 1620 de 2013, para que esas sanciones impuestas por las entidades encargadas de ese trámite sean desde una amonestación pública en lugar visible de la institución educativa y en la respectiva secretaría de educación mediante su portal web.

Los estudiantes que protagonicen bullying contra sus compañeros deberán comprometerse por escrito a no repetir la conducta y realizar trabajos sociales durante seis meses, teniendo en cuenta que dichas sanciones “no podrán vulnerar los derechos de los niños, niñas y adolescentes”.

Además, las instituciones educativas deberán llevar un registro del trabajo social para acreditar que se cumplió con la sanción.

La propuesta entrará a sus primeros debates en al nueva legislatura.