De la importancia del control fiscal 

Por: Ana María Oliveros Hernández

Comunicadora Social Universidad Santiago de Cali

Especialista en Derechos Humanos y Construcción de Paz

Ha desempeñado cargos profesionales en la Pastoral Social de Tumaco y

con la Cooperación Internacional en Nariño y Huila entre otros.

 

Según informe del Banco Mundial, la corrupción cuesta al país dos veces más que el conflicto armado en términos de barrera al desarrollo económico

Hace varios años, cuando vivía en Tumaco, llegaron dos funcionarios de la Contraloría Departamental para auditar varias áreas de gestión del municipio de Tumaco, entre otras la empresa municipal de acueducto. En esa ocasión la idea de los funcionarios tener una corta entrevista con ellos.

En eso momento los funcionarios responsables del control fiscal se enfrentaban a una serie de dificultades en el desarrollo de su labor. Una de ellas era que las personas que debían rendir cuentas no se encontraban, probablemente porque avisadas de la presencia de la contraloría, “viajaban” a otras ciudades. Otra era que es poca la información contable a disposición. Las auditorias se desarrollaron en un clima muy tensionado para los funcionarios.

 Y mi pregunta en esos días y que ahora la vuelvo a traer a mi mente en este tema de la meritocracia es ¿Así debería ser la administración de nuestro país? ¿Se volvió normal lo que debería ser inconcebible?

Vale recordar que la Contraloría está en primera línea para detectar casos de errores administrativos, uso indebido de los recursos públicos y corrupción. Un aspecto fundamental de la misión de la Contraloría es de recuperar los recursos que hubieran tenido un rumbo equivocado. La Contraloría debe encaminar procesos jurídicos civiles en responsabilidad fiscal, obligando los particulares que se hubieran enriquecidos a costa del estado a devolver estos recursos desde su patrimonio privado. Al descubrir un caso, la Contraloría está igualmente tenida de remitir la información pertinente a la Procuraduría para que adelante procesos disciplinarios. En su turno, la Procuraduría debe de informar la Fiscalía para que determine si las faltas en cuestión son susceptibles de alguna sanción penal.

Esto reza la teoría, pero sabemos que en la práctica hay muchos vacíos, trabas, inoperancia no sólo en municipios como Tumaco sino en general en los municipios de Colombia y en las Gobernaciones en cuanto al trabajo que pueden adelantar las “ías”.

 Mas allá de obtener del Estado colombiano que ponga a un lado las personas que no asumen las responsabilidades ligadas al manejo de los recursos públicos, es urgente fomentar en el medio la cultura contable y la cultura de la rendición de cuentas. Es un aspecto de la democracia tal vez no tan enfatizado como lo son los derechos civiles (libertad de asociación, de expresión, de prensa, derecho a constituir partidos políticos, empresas, derecho a la propiedad privada) pero que ciertamente tiene una importancia central para lograr que el Estado este un poco mas al servicio de todos y todas, y un poco menos al servicio de los grupos políticos clientelistas que esconden mal su deseos de poner al estado a su servicio particular.

Lo ideal cuando hablamos de temas como meritocracia, rendición de cuentas, transparencia en la administración pública seria que la comunidad se despierte y exija resultados. Sin una voz desde la sociedad civil, corremos el riesgo que la Contraloría y la Asamblea Departamental (quien elige el Contralor Departamental) no tengan el suficiente animo e interés hacia el cambio de las llamadas con resignación ‘costumbres políticas’.