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GLIFOSATO, La guerra química: muerte y desplazamiento

Pablo Emilio Obando Acosta

peobando@gmail.com

“sabemos que hay problemas de salud, sabemos incluso que hay muertes; pero para nosotros es un costo aceptable. Si para reducir la droga en Estados Unidos es necesario limpiar la frontera de todos esos bandidos pues hay que continuar con la política establecida, para mí todos esos campesinos e indígenas de la frontera son iguales, unos bandidos…”

Roger Pardo Moure

Departamento de Defensa Estados Unidos

 

En Colombia, al igual que en la gran mayoría de países suramericanos, se cuestiona el uso del glifosato como medida para erradicar los cultivos ilícitos por los daños causados a la población civil –campesinos e indígenas-, a los animales, a las plantas, a los cultivos y, especialmente, a niños. Nariño, Cauca, Chocó, Putumayo y Caquetá, principalmente, soportan las aspersiones o lloviznas aéreas sobre sus territorios; cientos y miles de campesinos e indígenas se ven obligados a desplazarse de sus ancestrales posesiones en su intento de proteger su vida y la de sus familiares. En el año 2000 en el departamento de Nariño el glifosato afecta a la población indígena de Aponte, asunto que toma visos internacionales debido a los efectos adversos de este químico sobre cientos de familias: “Las aspersiones que se produjeron en octubre/noviembre de 2000, sobre el resguardo indígena de Aponte – una zona de cerca de ocho mil hectáreas en el departamento de Nariño, al suroccidente de Colombia – tuvieron una amplia repercusión internacional debido a lo que se denunció como la posible acción del químico asperjado sobre la salud de la población local. Según informes, el ochenta por ciento de los niños del área se enfermaron con úlceras, erupciones cutáneas, fiebre, diarrea y conjuntivitis. También los adultos se vieron afectados en su salud, así como los animales de granja. Fuera de eso, como las fumigaciones no discriminan, la lluvia de glifosato sobre Aponte destruyó no solamente los cultivos ilícitos de la zona, sino también los cultivos de pan coger de los campesinos, y numerosas parcelas de sustitución de cultivos del programa Plante del gobierno colombiano. Otros proyectos de reforestación que se encontraban en curso, quedaron también arrasados. Lo que puso en contundente evidencia una vez más la tremenda contradicción que hay entre fumigación y desarrollo alternativo. Era la primera vez que una amplia denuncia internacional por los posibles efectos del glifosato revelaba imágenes como evidencia del impacto de las fumigaciones en la salud” ver Documento Aquí.

En el año 2002 (enero), (Corpoamazonia) la Corporación Regional del Amazonas ) consiguió que se suspendieran transitoriamente las fumigaciones en la región, a pesar de la fuerte oposición del ministerio del Medio Ambiente, que consideraba antijurídica la suspensión. La solicitud de Corpoamazonia se basó en los miles de reclamos de la comunidad apoyados por el Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras (Invemar), entidad pública colombiana encargada de ejecutar proyectos en diversas áreas de la Ciencia. Según un comunicado de Invemar, en Colombia, «…La fumigación de cultivos ilícitos presenta un trasfondo que va más allá de la simple erradicación de los cultivos…», constituyendo un «verdadero magnicidio contra los ecosistemas».  Pues “Sus observaciones de campo corroboraban la destrucción de matas de plátanos y maíz, al igual que de extensiones de bosque virgen. Los campesinos del Putumayo se quejaron también de que el glifosato estaba acabando con las gallinas y cerdos, que morían envenenados. Corpoamazonia comprobó que se estaba fumigando indiscriminadamente, pero no se pudo probar que la muerte de esos animales estuviera relacionada con el uso de este herbicida. Invemar señaló también que el ministerio del Medio Ambiente había suspendido desde hacía casi dos años el trabajo de su Comisión Técnica de Verificación de Erradicación de Cultivos Ilícitos y, aunque ésta volvería a operar, nadie pudo explicar por qué se desactivó la Comisión” ver documento Aquí.

No obstante las evidencias, las denuncias, las demandas y las pruebas irrefutables, el gobierno colombiano prosigue con su determinación de combatir los cultivos ilícitos con el glifosato. En informes médicos y científicos es cada vez más notable la incidencia de este agroquímico en enfermedades humanas, en animales y en cultivos. Al respecto “Estudios de toxicidad revelaron efectos adversos en todas las categorías estandarizadas de pruebas toxicológicas de laboratorio en la mayoría de las dosis ensayadas: toxicidad subaguda (lesiones en glándulas salivales), toxicidad crónica (inflamación gástrica), daños genéticos (en células sanguíneas humanas), trastornos reproductivos (recuento espermático disminuido en ratas; aumento de la frecuencia de anomalías espermáticas en conejos), y carcinogénesis (aumento de la frecuencia de tumores hepáticos en ratas macho y de cáncer tiroideo en hembras)” ver documento Aquí.

Ecuador y Colombia entran en litigio tras la aspersión con glifosato en sus zonas limítrofes y los campesinos e indígenas denuncian ante el gobierno ecuatoriano las atrocidades de este químico sobre su salud y el daño irreversible en sus cultivos. La población ecuatoriana se ve forzada a desplazarse e inunda las calles de su país, es entonces cuando “La Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento, CODHES, en desarrollo del monitoreo del Plan Colombia en la frontera colombo-ecuatoriana, publicó en octubre de 2003 un informe sobre fumigaciones, desplazamiento y derechos humanos, en el que se concluye que las fumigaciones por aspersión aérea han provocado más desplazamiento de población, ampliado las zonas del conflicto armado, diseminado las plantaciones de coca en nuevas regiones y vulnerado el derecho a la alimentación de las comunidades. El estudio hace un análisis comparativo en lo relacionado con el número de hectáreas cultivadas, fumigadas, efectos del Plan Colombia, desplazamiento forzado y solicitud de refugio hacia el Ecuador”. Al final de este litigio internacional entre dos países hermanos Colombia, con intervención directa de la Corte Internacional de Justicia (CIJ), es sancionada a “Entregar a Ecuador una contribución económica equivalente a 15 millones de dólares, la cual estará orientada al desarrollo social y económico en las áreas de frontera particularmente Esmeraldas y Sucumbíos. La suma deberá ser desembolsada a más tardar el 9 de diciembre de 2013”.

En el desarrollo de esta demanda internacional una comisión se dirige a los Estados Unidos y visita a Roger Pardo Moure en el Departamento de Defensa de ese país y se sorprenden al escuchar su pronunciamiento salido de tono y ofensivo contra las poblaciones indígenas y campesinas: “sabemos que hay problemas de salud, sabemos incluso que hay muertes; pero para nosotros es un costo aceptable. Si para reducir la droga en Estados Unidos es necesario limpiar la frontera de todos esos bandidos pues hay que continuar con la política establecida, para mí todos esos campesinos e indígenas de la frontera son iguales, unos bandidos…”. Declaración que permite entrever el pensamiento norteamericano sobre los latinoamericanos; poco les importa el desplazamiento, la muerte, las enfermedades, la destrucción de tierras y cultivos, el llanto de los niños, el sufrimiento de miles y millones de seres cuyo único delito es ser indígena o campesino. El trasfondo o telón de estos desplazamientos y su aparente lucha contra el narcotráfico es la liberación de tierras para propósitos utilitaristas y empresariales. Los daños ecológicos, humanos y animales son simplemente la máscara que asusta para justificar la apropiación ilegal de cientos y de miles de extensiones de tierra.

Monsanto, la multinacional productora del glifosato, tiene tentáculos en muchas naciones del mundo. Algunos especialistas y científicos, acallados o encarcelados, comparan al glifosato con el DDT o con el agente naranja utilizado por los norteamericanos en la guerra de Vietnam. Tal vez estemos frente a una guerra de idénticas características y proporciones, con tácticas y estrategias diferentes, pero con idénticas intenciones: desplazamiento de población y apropiación ilegal de tierras y recursos naturales. La guerra no es contra el narcotráfico sino contra una población civil que no tiene otras armas que sus manos trabajadoras y honradas. Ya no hacen falta bombas, agentes naranja o aviones de guerra, el asunto simplemente es de aspersiones y complicidad de los gobiernos de turno que permiten la masacre de su población civil. Los grandes recursos económicos que Estados Unidos brinda a los estados que permiten el uso del glifosato se constituyen en adelantos sobre las tierras “expropiadas” por el abandono de sus pobladores.

Inexplicablemente en Colombia, país aliado de Estados Unidos, se anuncia la suspensión de las aspersiones con glifosato. ¿Qué puede ocultar este anuncio? Quizá la segunda (o tercera) fase de una estrategia de guerra que primero desplaza y luego ocupa. Seguramente nos venderán la idea de la recuperación de las tierras asperjadas mediante intervenciones empresariales que contarán con el apoyo irrestricto de los Estados Unidos. Tierras, agua, animales, vegetación, plantas, recursos mineros y petroleros engrosarán el PIB de Norte América. Mientras tanto nuestros campesinos e indígenas recibirán miserias o, a lo sumo, terminarán como obreros y asalariados de las multinacionales gringas y europeas. Peones en su propia tierra, jornaleros de hambre, fichas de la generosidad empresarial de Monsanto que una vez cumplida su misión de guerra iniciará la tercera (¿o cuarta?) fase de silenciamiento y legalización de sus nuevas propiedades en las cuales los legítimos herederos serán declarados terroristas y   desaparecidos de la faz de la tierra. Así Fue en Vietnam, por lo menos así quiso serlo; y lo que sembraron con el DDT hoy lo cobran con creces las multinacionales farmacéuticas que pretenden aliviarnos de los males que sembraron en nuestra memoria genética. ¡!!Generosidad norteamericana, imbecilidad latina!!!