¿DEBEN IR A LA CÁRCEL LOS CONDUCTORES EBRIOS?

A raíz de la muerte en accidente de tránsito propiciado por un conductor ebrio que estaba participando en un “pique” donde fueron víctimas dos estudiantes de la Institución Universitaria CESMAG, la sociedad pastusa ha protestado saliendo a manifestar su descontento a las calles y exigiendo al Juez de Control de Garantías que no le otorgue al responsable de este delito, lo que comúnmente los ciudadanos llaman “casa por cárcel” y que en la legislación penal se denomina “prisión domiciliaria”.

Como una vez más se ha suscitado gran discusión sobre el tema de los conductores ebrios nuestra página inicia una labor de pedagogía sobre los aspectos jurídicos de esta conducta ilícita, porque en muchas ocasiones se responsabiliza a los Jueces de la República de ser laxos con el otorgamiento de los beneficios a los delincuentes, desconociendo que los servidores judiciales no pueden dejar de aplicar las normas consagradas en los Códigos Penal, de Procedimiento Penal y Penitenciario sobre dichas figuras.

Entonces, es importante aclarar que el delito cometido por el conductor ebrio está consagrado en el Artículo 109 del Código Penal, Ley 599/2000, como Homicidio Culposo, explicando en sencillas palabras que la culpa es diferente del dolo, porque en ella el autor del delito no tuvo la intención de causar la conducta, sino que actuó con negligencia o imprudencia, por lo cual en todos los países se sanciona con penas más leves; contrario al dolo donde el agente actúa con la clara intención de quitarle la vida a la víctima, en el caso del Homicidio.

Por eso, en el Artículo 103 del Código Penal, el Homicidio Doloso, que consiste en matar a otro, contempla una pena de trece (13) a veinticinco (25) años de prisión, a la cual se le pueden aplicar las causales agravantes del Artículo 104 que se sanciona con pena veinticinco (25) a cuarenta (40) años de prisión, si la conducta descrita en el artículo anterior se comete por ejemplo en la persona de un pariente, cónyuge, compañero o compañera permanente, hermano, adoptante o adoptivo, o pariente hasta el segundo grado de afinidad, avanzando la Corte Constitucional en la Sentencia C-029/2009, al incluir como agravante, en igualdad de condiciones, a los integrantes de las parejas del mismo sexo.

En cambio, mírese la ostensible diferencia con las penas para el Homicidio Culposo previstas el Artículo 109 del Código Penal que van de dos (2) a seis (6) años prisión y multa de veinte (20) a cien (100) salarios mínimos legales mensuales vigentes y cuando la conducta culposa sea cometida utilizando medios motorizados o arma de fuego, se impondrá igualmente la privación del derecho a conducir vehículos automotores y motocicletas y la de privación del derecho a la tenencia y porte de arma, respectivamente, de tres (3) a cinco (5) años.

De igual manera, son menores las agravaciones para el Homicidio Culposo, como el que lamentamos fue cometido contra dos estudiantes de la Institución Universitaria CESMAG, toda vez que el Artículo 110-1 del Código Penal, consagra un aumento de la mitad al doble de la pena, para quienes conduzcan en estado de embriaguez.

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Marcha (25 de marzo) por la muerte de estudiantes a causa de conductor borracho en Pasto

Realizando un ejercicio para la fijación de la pena en el caso que venimos analizando, si el autor del delito no tiene antecedentes penales, es decir, sentencias condenatorias en firme, al imponer la pena el Juez partirá de la mínima de dos (2) años de prisión, agravada en la mitad que sería un año más, para una pena mínima de tres (3) años de prisión.

Es importante dar a conocer que La Ley 1696/2013 consagra sanciones administrativas para las personas que conduzcan vehículos bajo el influjo del alcohol u otras sustancias psicoactivas, insertando la siguiente Tabla tomado de la página TELEINTE.

La ciudadanía protesta y se pregunta: ¿Por qué le concedieron “casa por cárcel” al autor de este doble homicidio?

La respuesta está ligada a las normas que se deben aplicar en este caso, se trata del Artículo 38 B del Código Penal, modificado por el Artículo 23 de la Ley 1709 de 2014, Código Carcelario y Penitenciario, que para conceder la prisión domiciliaria como sustitutiva de la prisión, exige los siguientes requisitos:

1. Que la sentencia se imponga por conducta punible cuya pena mínima prevista en la ley sea de ocho (8) años de prisión o menos.

2. Que no se trate de uno de los delitos incluidos en el inciso 2° del artículo 68A de la Ley 599 de 2000. (Se trata de Hurto Calificado y los delitos contra la Administración Pública, como Peculado, Cohecho, Celebración Indebida de Contratos, etc)

3. Que se demuestre el arraigo familiar y social del condenado.

En todo caso corresponde al juez de conocimiento, que imponga la medida, establecer con todos los elementos de prueba allegados a la actuación la existencia o inexistencia del arraigo.

4. Que se garantice mediante caución el cumplimiento de obligaciones como no cambiar de residencia sin autorización previa del funcionario judicial y la reparación de los daños ocasionados con el delito, entre otras.

Cabe precisar que la expedición de la Ley 1709 del 2014, por la cual se introdujeron varias modificaciones al Código Penitenciario y Carcelario, obedeció en el fondo a la coyuntura derivada del hacinamiento carcelario, por lo cual es ajena a una verdadera política criminal del Estado, toda vez que se han minimizado los requisitos para hacerse merecedor a la prisión domiciliaria, pues ya no es una exigencia analizar el desempeño personal, laboral, familiar o social del autor del delito, para que con fundamento en los elementos probatorios existentes pueda el Juez de conocimiento deducir seria, fundada y motivadamente que no colocará en peligro a la comunidad y que no evadirá el cumplimiento de la pena.

Por eso, compartimos con el Ex Vicefiscal Francisco José Sintura, cuando expresó: “esa política de excarcelar para atacar el hacinamiento se traduce en que tenemos un Código Penal que “teóricamente tiene penas altas, pero un Código Penitenciario y Carcelario que flexibiliza los requisitos, que permite rebajas, premios, beneficios, detención domiciliaria, y hacen que esas altas penas teóricas de la legislación sustancial se vean aminoradas por los beneficios del derecho penal premial, como hoy se denomina en la política en que estamos metidos. Entonces hoy el juez se ve más preso de la ley que el propio delincuente”.

Dicha reforma implicó la salida de los establecimientos carcelarios de un sin número de delincuentes que demostraron el denominado arraigo familiar y social el cual es sencillo de acreditar pues se trata de tener vínculo con un grupo familiar y social, como seguramente fue probado por la defensa del autor del doble Homicidio; además, la pena para este delito, aún con la agravantes si acaso llegaría a cuatro (4) años de prisión y la exigencia de garantizar mediante caución el cumplimiento de obligaciones impuestas también se cumple.

Por tanto, era imperativo para el Juez de conocimiento otorgar la prisión domiciliaria en razón de estar cumplidas todas las exigencias contempladas en las normas analizadas, toda vez que la conmoción que produjo el delito en la comunidad no puede llevar la funcionario judicial a apartarse de las normas.

Además, es importante aclarar que en el Sistema Oral que nos rige, se realiza una primera Audiencia donde se resuelven tres aspectos: 1) Legalización de la captura; 2) Imputación de los Cargos; 3) Imposición de la medida de aseguramiento, es decir si amerita detención en establecimiento carcelario o en el domicilio con el cumplimiento de los requisitos antes analizados.

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En nuestro criterio las protestas de la sociedad civil deben encaminarse a que el Congreso de la República expida una ley para introducir una norma en el Código Penal que prohíba otorgar la prisión domiciliaria a los conductores que estado de ebriedad incurran en el delito de Homicidio Culposo para que la pena cumpla la función de prevención general la cual constituye una amenaza dirigida a los ciudadanos para que se abstengan de incurrir en delitos, entonces, tanto la amenaza punitiva como la ejecución de la pena deben producir un efecto intimidatorio en los autores potenciales para así evitar que lleguen a delinquir.

Por consiguiente, en un Estado Social y Democrático, la pena se erige como un mecanismo adecuado para evitar la lesión de intereses fundamentales para la convivencia social, derechos o bienes que por su importancia y necesidad de tutela, ameritan la protección reforzada del derecho penal. (Ver la Sentencia C-565 de 1993 de la Corte Constitucional).