Por Víctor Chaves Rodríguez.

Zonas de Reserva Campesina, ignoradas por Santos, su futuro debe discutirse en La Habana. El tema de las Zonas de Reserva Campesina, si bien es mandato legal y constitucional, fue ignorado totalmente por el gobierno de Juan Manuel Santos en su propuesta del Plan Nacional de Desarrollo para el próximo cuatrienio.

Para los interesados todo esto indica que a las clases campesinas y rurales no le quedará otro camino que pelear en el post acuerdo por la reivindicación de un derecho y una potestad que supuestamente estaban ganadas desde hace mucho tiempo.

De acuerdo con líderes y analistas rurales como César Jerez, de la ZRC del Catatumbo y Jani Silva, de la Reserva del Bajo Cuembí, la Perla Amazónica, esta figura se convirtió en una piedra en el zapato para los grandes hacendados y también para quienes esperan que sean las multinacionales de la minería las que impulsen el desarrollo y el crecimiento económico en el país.

Desde las dos administraciones del expresidente Álvaro Uribe Vélez las zrc fueron bombardeadas tanto físicamente como a través de intensas campañas mediáticas tendientes a desprestigiarlas y mostrarlas como refugios de los grupos alzados en armas.

Para la señora Silva esta posición los ha puesto en la mira de los grupos de extrema derecha y también de las fuerzas militares que operan en esas regiones, que siempre lo amedrentan y los amenazan con bombardeos, asaltos y hasta con las famosas batidas que son operativos para llevarse por la fuerza a los jóvenes y obligarlos a prestar el servicio militar.

Es increíble, según el relato de la señora Silva, que tanto las fuerzas institucionales como los grupos alzados en armas, recurran el mismo estilo de amenazas contra los campesinos que habitan estas áreas: “siempre serán las mujeres y los jóvenes las primeras víctimas de todos los entresijos del Conflicto Social y Armado Colombiano”, argumenta.

Ignorados por el Gobierno

La presión de la oposición uribista al actual Gobierno de Juan Manuel Santos llevó a que este reculara en su postura que en un comienzo parecía ser a favor de este modelo de organización rural. Hoy el asunto es totalmente ignorado por el Presidente y los ministros relacionados con el tema.

Parece ser que a la actual administración no le trascienden ni siquiera las sentencias de la Corte Constitucional, como la C- 371, por ejemplo, la que según el juicio del analista Alfredo Molano, debería convertirse en “guía de la política de distribución de tierras”, lo que por ahora es prácticamente un hecho que no va suceder.

El texto central de este fallo es claro y contundente: “Las Zonas de Reserva Campesina, son una figura de ordenamiento social, político y ambiental, cuyas principales responsabilidades pueden resumirse en la posibilidad de limitar los usos y propiedad de la tierra para evitar su concentración o fraccionamiento antieconómico, y el beneficio de adjudicación de tierras, así como apoyo estatal para el desarrollo de proyectos de desarrollo sostenible concertados con las comunidades”.

Desde esta perspectiva estaría claramente definida la herramienta ideal para comenzar a hallarle salidas efectivas a la problemática rural, que ha crecido a la par o se ha entrecruzado con las vicisitudes del Conflicto Armado colombiano.

Aviso de alerta

Cuando el entonces recién posesionado presidente Juan Manuel Santos le devolvió la personería jurídica a la Zona de Reserva Campesina de Cimitarra se produjo un aviso de alerta que fue interpretado de acuerdo con sus propios intereses por los amigos y los opositores de esta figura política y económica.De inmediato los gremios y organizaciones económicas relacionadas con la explotación agropecuaria pusieron el grito en el cielo: volvieron a su discurso de “repúblicas independientes” y de “tierra abonada para la subversión”, pero en concreto no expusieron un solo argumento que justificara sus viejas posturas y la supuesta inconveniencia de darles estos territorios a las organizaciones populares.

Desde muchas perspectivas las posturas del uribismo, como símbolo de la oposición política de la derecha y de los gremios más relacionados con la explotación rural, coincide con la filosofía del exministro de agricultura en el gobierno de Uribe Vélez, Andrés Felipe Arias, quien justificó sus acciones irregulares con el programa Agro Ingreso Seguro, argumentando que “a los pobres no se les puede dar ni dinero ni propiedades, porque se los tiran”.

Por supuesto esta posición se ha convertido en una nueva declaración en contra de los intereses de los campesinos, llamados ahora “trabajadores agrarios”, según el proyecto de Plan de Desarrollo del actual gobierno.

Los líderes de las zrc advirtieron ya que todas las comunidades están dispuestas a movilizarse si el asunto no es contemplado como parte de los diálogos de paz de la Habana, en donde también deben surgir los soportes para evitar que “la ultraderecha colombiana logre su objetivo de privar a los campesinos de esta oportunidad de reivindicación”, como lo sostuvo la señora Silva.