Aportar a la paz desde la cárcel: un sueño tenaz. Involucrar y comprometer a la población carcelaria del departamento de Nariño en la causa de la búsqueda y construcción de paz  es uno de los retos más profundos contemplados como parte de la estrategia de AGENDA DE PAZ NARIÑO en una de sus primeras fases.

Dentro del objetivo de promover entre los sectores estratégicos de la sociedad la importancia de formar parte de un gran colectivo multisectorial se determinó contar con los aportes que pudieran surgir de las comunidades carcelarias.

 [themepacific_column width=»one-third» pos=»first»] [/themepacific_column]Por lo evaluado hasta el momento, se puede estimar que la decisión tomada fue acertada. El caudal de iniciativas que pueden formular los miembros de un segmento social que históricamente ha sido olvidado y tratado como una escoria más que como verdaderos seres vivos o humanos, como ellos mismos lo aprecian, es demasiado grande, tanto como su desgracia.

Para todos, la carencia de un puente que conjugue el fin de una pena con el regreso a la libertad es el principal obstáculo para comenzar  mermar su incidencia en el Conflicto Colombiano. Pero este no existe verdaderamente; gran parte de los reclusos de hoy amasan su segunda o tercera entrada a una cárcel; otro tanto repetirá al poco tiempo de salir a las calles: “Si no tengo qué hacer pues busco algo para hacer, pero de hambre no me voy a morir”, dijo uno de ellos durante las sesiones de los talleres llevados a cabo por miembros del equipo técnico de AGENDA DE PAZ NARIÑO. Muy pocos son los que salen con alguna herramienta que les permita enfrentar la vida sin tener que volver a delinquir.

Los programas de capacitación que adelantan entidades como el Sena y organizaciones privadas, incluyendo congregaciones religiosas y similares, apenas si cubren una parte de la población de reclusos. Entonces las posibilidades se reducen. Es un panorama muy crudo y por eso surgió siempre como una de los primeros planteamientos escuchados en centros reclusorios como los de Pasto, Ipiales, Túquerres y La Unión.

La familia, la gran preocupación

Nicolás, nariñense de más de 35 años que ha pasado los últimos cinco tras las rejas, comenta que lo que más le impide cerrar los ojos para reposar su pena “aunque sea un poco” es la incertidumbre por el presente y el futuro de su hijo: “ya es un adolescente”, musita “y me da susto que también la cague como yo”.

Él como la mayoría de los reclusos, alega que la asistencia social y económica para las familias no existe y que la suerte de los seres queridos está a la deriva. Por eso no dudan en formular planteamientos arriesgadas: los hijos de los reclusos deben ser declarados como víctimas del conflicto social y armado de Colombia.

La justificación para ellos está a la vista: la falta de formación y la imposibilidad para acceder a plazas laborales dignas los llevó a delinquir, por lo menos a parte de ellos. Es decir que son arte y parte en el Conflicto; protagonistas de primer orden. Sus familias en consecuencia son víctimas por todo lo que padecen como consecuencia de una falla estructural del Estado y del sistema político vigente.

Dramas con características particulares

carcelipialeshacinamientoNo por ser diferentes son menos dramáticas las condiciones que se padecen en cada uno de los reclusorios. El hacinamiento por ejemplo, es una constante, pero se vive de diferentes maneras, tal vez en algunos reclusorios se siente menos, aunque los directores y los miembros del Inpec se apresuran a argumentar que “con diez más que haya de más en un penal pequeño, la situación se torna más que dramática”.

En cárceles como las de Pasto, especialmente en las de hombres pero también en las de mujeres el control y la seguridad no se pueden garantizar a plenitud. La corrupción es un elemento facilitador de muchas irregularidades, como la entrada de drogas, licor y armas a los penales.

La falta de medios de control conduce por ejemplo a que se establezcan límites y fronteras invisibles en los patios y celdas; tráfico de espacios y hasta para poder usar los baños o una cobija para dormir hay que pagar uno o varios impuestos.

Y eso es lo que se conoce superficialmente. “Hay muchas verdades que la gente no tiene ni idea que suceden acá. Algunas son verdaderamente aberrantes. Son la prueba no divulgada de las razones por las que nosotros también somos víctimas de lo que sucede en Colombia”, sostiene Harold un afro que lleva más 6 años rodando por diversos penales no solo de Nariño sino de otras poblaciones del sur de Colombia.

Relaciones con la autoridad

Mientras que en las cárceles grandes se pueden detectar diferentes tipos de relaciones con las autoridades que oscilan entre la cordialidad, el respeto y el establecimiento de sociedades ocultas casi  siempre con ánimos delincuenciales, en las pequeñas la relación es un tanto diferente, incluso llegan a ciertos grados de calidez y confianza mutuas.

Muchas veces el personal del Inpec debe asumir funciones administrativas que no deberían manejar. La falta de personal hace que inclusive asuman roles de sicólogo o consejeros. Otro personal como las secretarias, por ejemplo también debe multiplicar sus funciones e inclusive los horarios de trabajo.

Es en estas últimas en donde es más posible percibir el deseo de este personal de sumar a la causa de la búsqueda de argumentos para la construcción desde una territorialidad  tan compleja como la de los centros penitenciarios.

Maritza, dragoneante del Inpec quien pese a ser oriunda de otras tierras hoy se siente muy nariñense, es de las convencidas de que “si el Estado y los gobernantes no atienden el tema de los centros de reclusión y los presos, la situación se terminará de salir de las manos y será caótica”.

Ella está también de acuerdo con el hecho de que se deben dar garantías a las familias de los reclusos “para que no sean revictimizadas y tengan que pagar por los errores del padre o la madre”.

En general la comunidad carcelaria de Nariño quiere vincularse al proceso de la búsqueda de la paz territorial. Sabe que no es una tarea fácil, pero entiende también que es una oportunidad, posiblemente la única de hacerse escuchar, aunque sea un poco y lograr que la clase dirigente y el país sepan que los presos de la Colombia y sus familias tienen mucho que aportar a la construcción de paz.

Por Víctor Chaves Rodríguez