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Quiénes y cómo se financiara la paz.  El país debe transformar cincuenta años de guerra insurgente por veinte años de posconflicto, dos generaciones de dolor y muerte por una generación de construcción de paz duradera. Pero si se firma la paz ¿quién se meterá la mano al bolsillo y de qué manera aportará los recursos para mantener un acuerdo de terminación del conflicto armado? La primera respuesta seria simple: los cerca de 22 billones de pesos anuales que se destinan presupuestalmente para la guerra, deberán destinarse a mantener la seguridad militar del acuerdo y a realizar inversión productiva, social y pública en el posacuerdo, recursos provenientes de los impuestos nacionales.

Varios analistas han aproximado la cifra de 440 billones de pesos como costo del posconflicto en un horizonte de 20 años, tomando como referencia los costos anuales presupuestales de mantener la guerra, dejando los recursos para inversión militar de lucha contra la criminalidad, la delincuencia y la producción – procesamiento – comercialización de cultivos de uso ilícito . También se ha manifestado que reparar a las víctimas del conflicto armado tiene un costo aproximado de 50 billones de pesos y que los costos para que la guerrilla se incorpore a la sociedad civil luego de las reformas pactadas con el Estado, tiene un costo cercano a los 70 billones de pesos.

A pesar de que es conocido que la fuente de ingresos son los impuestos, también es de público conocimiento que no son suficientes, De allí sobreviene la más temerosas preguntas ¿existirá sostenibilidad financiera del posconflicto?, ¿es posible que la reforma tributaria vía impuesto al patrimonio sea la que más equilibre el posacuerdo?, ¿cómo equilibrar el componente ético de lograr la paz con el de reparar integralmente a todas las víctimas?, ¿los grupos armados ilegales y sus redes de apoyo sociopolítico reincorporados a la sociedad civil serán parte de un programa territorial productivo y sostenible?, ¿se ha valorado presupuestalmente los proyectos de los territorios y comunidades afectadas integralmente por el conflicto armado cincuentenario?, ¿es viable financieramente los programas de sustitución de cultivos de uso ilícito? Preguntas que deben responderse en la misma firma del acuerdo, para no tener traspiés en el posconflicto.

Una de las soluciones más importantes a la falta de recursos, es la que realizó el Gobierno Nacional, al incrementar vía reforma tributaria el impuesto al patrimonio. La falencia es que su recaudo va directamente a inversión pública y no específicamente a la sostenibilidad del acuerdo de paz. Si cerca de 40 mil personas naturales y 50 mil empresas en el país, tienen más de 750 millones de pesos en patrimonio, es preciso acordar que la mayoría de ese recaudo vaya a la financiación efectiva de la paz duradera. Sin embargo la base gravable es escasa y se supone que muchos más colombianos y empresas tienen un patrimonio mayor, el cual evidentemente esta subvalorado para no pagar tributos.

Evidentemente quienes más tienen más deben aportar a la paz, es corresponsabilidad social.

Por Harold Wilson Montufar Andrade

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