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El negocio con Licores de Nariño que tiene en aprietos al Gobernador de Nariño

Richard Portilla, de camiseta blanca a mano izquierda de Camilo Romero, fue visible en toda la campaña del Gobernador. Foto: lasillavacia.com

El anunció que hizo la Fiscalía sobre la imputación que le hará a Camilo Romero por cinco delitos frente a la corrupción que, al parecer, existió en la venta y comercialización de Aguardiente Nariño ha encendido las alarmas en el departamento.

Como bien se sabe, el escándalo que se mueve en Nariño está relacionado con un proceso de investigación que desde varios meses realiza la Fiscalía frente a denuncias en la venta, comercialización y distribución de Aguardiente Nariño, que sin duda, es un tipo de monopolio de todas las gobernaciones y del cual reciben una gran parte de impuestos que se destinan en el sector salud, la educación pública y en otras inversiones de libre destinación.

En este sentido, luego del escándalo que tiene en el ojo del huracán al Gobernador de Nariño, los periodistas Natalia Arenas y Ángel Hurtado, quien ha seguido este caso, publicó en el portal LaSillaVacía un artículo que explica y resume esa situación:

“El negocio es una compraventa directa que no requiere licitación y funciona así: el Gobernador propone los términos de compra en una ordenanza que aprueba la Asamblea; esta ordenanza pone las reglas para las ventas a mayoristas, quienes pueden pagar el total o dar una parte de contado, y el resto, lo reciben a crédito para pagarlo al mes siguiente de cerrarse el trato.

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El mandatario ofrece las botellas e informa la escala de precios que incluye el valor del impuesto y del producto. Recibe las propuestas y decide a quién se las da, siempre y cuando el elegido tenga los recursos para comprar de contado la mayor parte de las botellas y la capacidad para llevarlas a todos los rincones del departamento.

Desde el 2015, el ex gobernador Raúl Delgado cambió las reglas y decidió que ahora la venta se definiría a través de la Secretaría de Hacienda departamental y no del Gobernador, pues según él, “ya el Gobernador tenía muchas tareas y era un tema más de Hacienda”. Además, propuso “democratizar la comercialización”, es decir, darle cabida en el negocio a los pequeños empresarios y los tenderos.


Por esta medida entraron los minoristas, pero la mayor tajada del negocio se ha mantenido con los socios de lo que hoy es la Licorera del Sur, Licosur, un consorcio conformado por cinco grandes distribuidores de Nariño entre ellos, Depósito San Martín, Dislicor San Juan de Pasto y Licores Capri.

El año pasado, sin embargo, cuando la Gobernación tenía la meta de circular un millón 400 mil botellas de su aguardiente en Nariño -100 mil más que en el 2015- por primera vez en casi 25 años, el negocio cambió de manos.

El nuevo dueño

La Gobernación le entregó el contrato para distribuir el 68 por ciento de las botellas a la Organización Licores de Nariño s.a.s en lugar de a Licosur, que desde que comenzó el año quiso madrugarle al negocio y le envió tres cartas al Gobernador para mostrarle por un lado, su interés en participar en la puja y  preguntarle cuándo saldrían a la venta las botellas.


La Organización de Licores de Nariño es una empresa que fue creada en noviembre del 2015, días despúes de las elecciones regionales que ganó Romero, y cuyos socios son Richard Giovanny Portilla Díaz y el almacen Mercogranos, según el documento que registra la Cámara de Comercio de Pasto.

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Portilla es un empresario nariñense que se dedica a la distribución de abarrotes y que ha tenido representación en negocios como la Fábrica de dulces y bocadillos La Reina, el Restaurante y Cafetería Juliana y Serviabastos.

Además, según supo La Silla por tres fuentes consultadas por aparte (incluida una de Licosur), durante ocho años participó junto con Mercogranos dentro del consorcio de los grandes mayoristas que distribuyen el licor en el departamento.

La fuente, que pidió la reserva de su nombre, dijo que en 2015, como ya era costumbre, los socios de Licosur invitaron a Portilla a participar en el el consorcio que pujaría por las botellas en 2016, pero él se negó.

“Lo invitamos, pero él dijo que como había nuevo Gobernador, seguro cambiaban las reglas y él iba a participar por su cuenta”, dijo la fuente cuando la consultamos en noviembre del año pasado, cuando La Silla Pacífico le empezó a seguir la pista a este escándalo. (En ese momento, sin embargo, decidimos no publicar la nota porque sentimos que nos faltaban piezas). También intentamos comunicarnos con Portilla en noviembre pero no respondió nuestras llamadas y lo volvimos a contactar ayer y tampoco respondió.


Lo que sí pudimos comprobar es que Portilla había apoyado la campaña de Romero, según nos contaron cinco fuentes incluyendo tres políticos de Nariño, un periodista y un miembro de esa campaña. Uno de ellos nos compartió además esta foto:

“No tenía un rol en la campaña pero asistió a varios eventos que le organizamos. Estuvo en el lanzamiento y en el cierre y me lo encontré en la sede que él frecuentaba”, le dijo a La Silla la fuente de la campaña de Romero que pidió la reserva de su nombre para no meterse en líos con el Gobernador.

Según le dijo a La Silla esa fuente, el entonces candidato conoció a Portilla a través de su amigo más cercano en ese momento, Erick Guerrero, conocido en Pasto porque monta bares y negocios por temporadas y quien se convirtió en la mano derecha del arranque de su campaña.

Aunque no eran viejos amigos, cinco meses antes de las elecciones -según esa fuente y otros dos políticos consultados por La Silla incluyendo uno que acompañó la campaña de Romero- Portilla fue la carta que presentó el grupo de Romero en la puja por el consejo directivo de Comfamiliar, la caja de compensación del departamento, que es “una Gobernación chiquita” que maneja un presupuesto de unos 200 mil millones y que es conocida por hacer alianzas políticas en elecciones (de hecho, su ex gerente Jhon Rojas salió del cargo para lanzarse a la Gobernación precisamente como competidor de Romero y se quemó).

“Portilla fue la punta de lanza para ganarse ese escaño, estábamos arrancando”, dice la fuente que acompañó la campaña. “Camilo quería que ese fuera su primer golpe de opinión antes de las elecciones, creía que mandaría un mensaje fuerte de que podía incidir. Yo me sumé porque sonaba bonito”.

En ese consejo hay 10 miembros, cinco que elige el Gobierno Nacional y otros cinco que eligen democráticamente los empresarios que hacen parte de la junta. Junto con congresistas como Eduardo Enríquez Maya (que tenía otro candidato propio) y Javier Tato Álvarez, el grupo de Romero buscó aliados entre los empresarios para apoyar a Portilla que sin embargo, quedó en el sexto lugar entre ocho candidatos y perdió.

Tras la derrota, Portilla se sumó a la campaña del Gobernador y esta vez sí ganó. Y después del triunfo de Romero, Portilla cumplió su palabra y junto con su empresa, compitió -y ganó- por el negocio de los licores de Nariño.

Los intríngulis de la venta

El negocio arrancó el 24 de agosto del 2016, cuando la Secretaría de Hacienda publicó el decreto con el que tasó la escala y el precio de las 80 mil cajas de Aguardiente Nariño.

Ese mismo día, la subsecretaria de rentas de la Gobernación le envió una comunicación a la representante legal de Licosur anunciándole la publicación del decreto. Y ese mismo día, la Organización de Licores de Nariño presentó la solicitud de compra de las 80 mil cajas de aguardiente y consignó en la cuenta bancaria de la Gobernación dos depósitos por mil millones de pesos cada uno y un cheque por otros 11 mil millones.

Eso quiere decir que el mismo día que se publicó el decreto, la Organización de Licores de Nariño de Portilla depositó el 68,77 por ciento del valor de la venta que era de 18.901 millones de pesos. Y solicitó la aprobación por parte de la Gobernación de un crédito por 5.8 mil millones, es decir, el resto de la plata, para pagarlos en los siguientes 90 días.

Al día siguiente, el 25 de agosto a las 4 de la tarde, se reunió el Comité de Crédito de la Gobernación, integrado entre otros por el Secretario de Hacienda, Mario Benavides, y la Secretaria General, Johana Mera, y aprobaron el crédito que beneficiaba la solicitud de la empresa de Portilla.



Licosur dice que la comunicación que anunciaba la expedición del decreto llegó a sus oficinas ese día. Por eso, al día siguiente, el 26 de agosto, la empresa le presentó a la Gobernación la solicitud de la compra de todas las botellas de aguardiente y le consignó a la Gobernación el total de la plata, es decir, los 18.901 mil millones “sin crédito y pronta y oportunamente” como dice la solicitud, en lo que parece un intento desesperado por quedarse con el negocio, al que llegó tarde. El recibido de esa solicitud tiene fecha del 29 de agosto. (puede consultar todos los documentos aquí).

Licosur sostiene que ellos eran la mejor propuesta porque pudieron demostrarle a la Gobernación que podían pagar de contado y no a crédito como Licores de Nariño. Sin embargo, aseguran que el Gobernador dijo que las botellas se las dieron al primero que había llegado y había cumplido los requisitos, o sea a la empresa de Portilla.

Después, Licosur hizo públicas sus denuncias y buscó aliados en la Asamblea de Nariño que convirtieron la pelea por la distribución de licores en un escándalo local que estalló a finales de octubre del año pasado. Además, la empresa intentó detener el negocio con una tutela que fue negada, según un diputado que habló con La Silla y que defendía a Licosur porque “está mal planteada, porque ellos hablan de licitación y ese no es el caso aquí”.


Para el ex secretario de Hacienda, Mario Benavides, consultado por La Silla en noviembre, la pelea de Licosur obedece a intereses particulares, pues “los socios de Licosur se han unido y dividido según les ha convenido”. Algo similar nos dijo ayer una fuente de la Gobernación que pidió la reserva de su nombre.

Ambos reconocieron que Portilla participó en la campaña de Romero pero que fue tan amigo como el resto de las 329 mil personas que votaron con él. Y según Benavides, Portilla se quedó con el negocio porque “queremos que esta vez los distribuidores nos garanticen que saldrán a la venta. Nos dimos cuenta de que muchas botellas se quedaban en bodegas, stokeadas con los mayoristas”, dijo.

Eso explicaría, según él, por qué desde el 2012 la venta del Aguardiente Nariño viene en picada. Entre 2014 y 2015, pasó de vender 2 millones 900 mil botellas a un millón 300 mil.

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La fuente de la Gobernación agregó que lo que hizo la administración fue hacer cumplir los procedimientos que estaban vigentes desde el 2002. “La ordenanza tiene sus reglas de juego, con las que se ha hecho eso siempre. El Gobernador jamás tocó eso”, dijo. Agregó en todo caso que en el negocio de los licores en Nariño no se perdió “un peso” y que desde noviembre, la Gobernación devolvió todos los recursos que consignó Licores del sur.

Luego del escándalo, el CTI de la Fiscalía fue al menos tres veces a Nariño a hacer ‘tomas judiciales’ para buscar información relacionada con el escándalo del negocio de los licores. Romero dijo ayer que como la bandera de su administración ha sido el Gobierno abierto, dio instrucciones para que entregaran toda la información que les solicitaron.

Vía: lasillavacia.com

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