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“Camilo Romero, habla de ‘gobierno abierto’ pero su administración promueve contratos opacos que la Fiscalía y Contraloría deben desentrañar”

Foto: Camilo Romero / Facebook

Édgar Artunduaga asegura que “mientras el gobernador de Nariño, Camilo Romero, habla de ‘gobierno abierto’ su administración promueve contratos opacos que la Fiscalía y Contraloría deben desentrañar”.

Dicha afirmación la hace teniendo como referencia las versiones y documentos de Jhon Mario González, quien “es consultor docente, profesor universitario, columnista, exfuncionario del Banco mundial, asesor del Ministerio del Interior e investigador de Planeación Nacional”, explica Artunduaga.

En la publicación, también se hace referencia al movimiento ‘Tiene Huevo’ que fundó Camilo Romero y su iniciativa de promover la revocatoria del desprestigiado Congreso, a escasos 6 meses de las elecciones de 2014, que “le permitió obtener 730 mil votos en la consulta interna presidencial del partido Verde el 9 de marzo de 2014, intentar heredarle la curul a su padre, Ricardo Romero, quien se quemó al Senado ese mismo día, y desembarcar en Nariño como el adalid contra la corrupción”.

También trae a colación las acciones de corrupción de “Miriam Margoth Martínez, exdirectora de la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos de Bogotá, hubiera puesto la entidad al servicio de su elección al Senado en el 2010, como lo publicó El Espectador o Semana en abril de 2010 y 2013, o como lo denunció el Senador Carlos Fernando Galán. Menos importaba que hubiera disparado la nómina de la UAESP de 40 funcionarios de planta a 500 contratistas, o que fuera destituida e inhabilitada por 10 años por la Procuraduría por el cuestionado contrato de Doña Juana”, dice la publicación.

Entre una de las conclusiones de esas premisas, según el artículo, “De lo que se trataba era de posicionarse, así fuera con un doble discurso, así fuera con pilatunas y absurdos, los que si bien en Bogotá se diluían con cierta rapidez en Nariño lo catapultaron como el candidato favorito en las elecciones a gobernador, las que ganó en octubre de 2015. Pero como los gobiernos alternativos que han presidido el departamento en los últimos 15 años no se podían quedar atrás en la práctica del nepotismo, el joven gobernador salió electo en fórmula con su padre Ricardo Romero, esta vez sí, como alcalde de Ipiales”, asegura.

En este sentido, Retomando a González, se asegura que “Si la receta ha funcionado tan bien, había entonces que acuñar un nuevo eslogan. Esta vez el de ‘gobierno abierto’, que quedó inscrito como uno de los pilares del Plan de Desarrollo. Pero en ello no parecían creer sus mejores amigos, quienes a los 15 días de su elección constituyeron en la Cámara de Comercio de Pasto la Organización de Licores de Nariño. Lo que había entre manos era uno de los negocios más jugosos del departamento”.

Y agrega:

“Los empresarios de Licosur, que habían manejado el negocio sin contratiempos en los últimos años, y temiendo lo que podía ocurrir, enviaban cartas al gobernador desde enero de 2016 para conocer de los términos de la negociación, cartas que no eran contestadas.

De repente, se desató un récord mundial en eficiencia administrativa. El 24 de agosto de 2016 el gobernador publicó el Decreto 364 de 2016. Mientras los empresarios de Licosur recibían ese mismo día la contestación sobre la promulgación del Decreto, la Organización de Licores de Nariño radicaba a las 2 p.m. la solicitud de compra de aguardiente y de crédito, la que fue estudiada y aprobada por el comité de crédito de la gobernación al día siguiente, el 25 de agosto a las 4 p.m.”

También se resalta que uno de los favorecidos de gobernador Camilo Romero, es su amigo Richard Portillo, a quien, según la publicación, le fue vendido a crédito el Aguardiente Nariño:

“A pesar de que los empresarios de Licosur radicaron su solicitud de compra del aguardiente el 26 de agosto y consignaron en efectivo los 18 mil 901 millones de pesos, ya no había nada que hacer. El ‘gobierno abierto’ del mandatario Romero prefirió la opacidad para vender a crédito –lo que puede constituir un detrimento patrimonial- a su amigo Richard Portilla, (ver fotos) de la Organización de Licores de Nariño, sin más, sin esperar propuestas, y violando presuntamente el artículo 35 de la ordenanza 005 de 2012. Como mínimo, debía constituirse una garantía por valor total del crédito, pero la Organización de Licores de Nariño había consignado 2.087 millones de pesos en efectivo, un cheque sin fondos por 11 mil millones y una carta crédito por 15 mil 100 millones, que si bien pudiera cubrir el cheque no alcanzaba a sumar 18 mil 901 millones de pesos”,

A ello, se saca a relucir el convenio “el convenio interadministrativo 1871 del 19 de agosto de 2016 que el gobernador ad hoc para Ipiales, Edgar Roberto Mora, firmó con la empresa municipal Unimos de Ipiales por 3.307 millones de pesos, cuyo objeto era prestar el servicio de conectividad de internet en los establecimientos educativos públicos del departamento”.

Y agrega:

“Con la empresa que depende del papá del gobernador, así no tuviera la capacidad técnica y así en el pasado la gobernación hubiera contratado los mismos servicios por invitación pública y con empresas idóneas”.

Finalmente, el artículo de Artunduaga dice que “el gerente de la empresa Unimos de Ipiales, Andrés Oliva Ortega, se inventó la fórmula de subcontratar con empresas desconocidas, como DOO Comunicaciones, de la que días antes era el mayor accionista y representante legal. No importó que el objeto del contrato no se cumpliera, ni que las clases de informática de los niños en Nariño se recibieran solo en teoría, pues, al parecer, tienen huevo los que creen en el tal ‘gobierno abierto’. De lo que se trata, también parece, es de saber manejar el doble discurso”.

“Camilo Romero, habla de ‘gobierno abierto’ pero su administración promueve contratos opacos que la Fiscalía y Contraloría deben desentrañar”
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