¿Cuáles son los derechos fundamentales que se protegen mediante la acción de tutela?

Share Button

¿Cuáles son los derechos fundamentales que se protegen mediante la acción de tutela?

Por Fanny Parra Eraso

Este tema ha sido objeto de profundos debates al interior de la Judicatura y de los Constitucionalistas. Sin embargo, no voy a detenerme en ellos, sino que pretendo responder al interrogante sintetizando al máximo la situación actual.

En principio debo señalar que el Artículo 85 Constitucional consagra unos derechos fundamentales que son de aplicación inmediata, así: Artículos 11 (derecho a la vida); 12 (integridad personal); 13 (derecho a la igualdad); 14 (reconocimiento de la personalidad jurídica); 15 (derecho a su intimidad personal y familiar y a su buen nombre, habeas data); 16  libre desarrollo de la personalidad); 17 (derecho a la libertad en todas sus formas); 18 (a la libertad de conciencia); 19 (a la libertad de cultos); 20 (derecho de expresión y de información); 21 (honra y al buen nombre); 23 (derecho de petición); 24 (de libre circulación); 26 (a la libertad de escoger profesión y oficio); 27 (libertad de enseñanza, aprendizaje investigación y cátedra); 28 (derecho de libertad salvo mandamiento escrito de autoridad judicial competente); 29 (al debido proceso); 30 (habeas corpus); 31 (a apelación o consulta de las sentencias judiciales); 33 (a no declarar contra sí mismo o contra su cónyuge, compañero permanente o parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil); 34 (a no ser sometido a las sanciones de destierro, prisión perpetua o confiscación); 37 (a las libertades de reunión y manifestación) y 40 (derechos políticos).

Lea primera parte  La Acción de Tutela para quienes son y no son abogados

La Constitución igualmente hace referencia a los derechos objeto de tutela en su Artículo 94, que establece: “La enunciación de los derechos y garantías contenidos en la Constitución y en los convenios internacionales vigentes no debe entenderse como negación de otros que, siendo inherentes a la persona humana, no figuren expresamente en ellos”. Se trata aquí de los llamados derechos fundamentales innominados como la dignidad humana, el mínimo vital, la seguridad personal frente a riesgos extraordinarios y la estabilidad laboral reforzada de sujetos de especial protección constitucional, todos ellos reconocidos por la Corte Constitucional en ejercicio de su función de intérprete supremo de la Constitución.

Pasando al estudio del Decreto 2591 de 1991,  reglamentario de la acción de tutela, en su Artículo 2o disponía que “La acción de tutela garantiza los derechos constitucionales fundamentales. Cuando una decisión de tutela se refiera a un derecho no señalado expresamente por la Constitución como fundamental, pero cuya naturaleza permita su tutela para casos concretos, la Corte Constitucional le dará prelación en la revisión de esta decisión”.

Sin embargo, dicho artículo, al igual que los numerales 1, 2 y 9 del Artículo 42 de este Decreto, que señalaban expresamente los derechos constitucionales que podían reclamarse por vía de tutela contra las actuaciones de los particulares fueron declarados inexequibles por parte de la Corte Constitución mediante las Sentencias C–018/1993 y         C–134/1994.

Lea la segunda Parte:  La Acción de Tutela para quienes son y no son abogados II Parte

Sobre este punto, resulta interesante el estudio realizado por la Doctora Liliana Carrera Silva, Doctora en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid; Consultora en Latinoamérica de la Fundación Centro de Estudios Políticos y Sociales;  en su texto: LA ACCIÓN DE TUTELA EN COLOMBIA, donde afirma que a diferencia de otras Constituciones latinoamericanas como la venezolana (Artículo 27), la ecuatoriana (Artículo 88) y la boliviana (artículo 128) —también enmarcadas dentro del Nuevo Constitucionalismo Latinoamericano— y que hacen objeto de sus instituciones de amparo la totalidad de los derecho constitucionales, la Constitución colombiana no resulta tan explícita respecto a cuáles son los derechos objeto de acción de tutela. En buena medida la labor de definir la fundamentalidad de los derechos para que puedan considerarse objeto de la tutela constitucional, le ha correspondido a la Corte Constitucional.

Partiendo, pues, de una interpretación histórica, sistemática y axiológica, la Corte Constitucional colombiana ha adoptado el criterio según el cual nuestra Carta Fundamental estableció una suerte de “CATÁLOGO ABIERTO DE DERECHOS FUNDAMENTALES” en contraposición a un listado taxativo de derechos, el cual restringiría el ámbito de protección del amparo constitucional a los derechos contemplados expresamente en el Capítulo 1 del Título II donde se consagran los derechos fundamentales; sin embargo, algunos no se pueden considerar fundamentales como los contemplados en los Artículos 22 (paz), 25 (trabajo), 32 (derecho de aprehender a un delincuente en situación de flagrancia), 35 (prohibición de Extradición por delitos políticos o por hechos preconstitucionales), 36 (asilo), 38 (asociación) y 39 (sindicación), y por tanto aunque están dentro del Capítulo de los derechos fundamentales no son automáticamente objeto de la acción de tutela. El caso más relevante lo encontramos en el derecho a la paz consagrado en el Artículo 22 de la Carta,  respecto del cual la Corte Constitucional, sin menospreciar su importancia dentro del ordenamiento constitucional colombiano, reconoce que al ser imposible individualizar su ejercicio o derivar del mismo derecho o deberes específicos por parte del Juez de Tutela, no puede catalogarse como un derecho fundamental.

Lea también: ¿Pertenece al régimen pensional de transición? Estos son los vaivenes en la liquidación

La segunda razón fundamental que confirma que la Constitución colombiana establece un catálogo abierto de derechos objeto de protección a través de la acción de tutela  y no un listado cerrado y restringido a los derechos contemplados en el Capítulo 1 del Título II, es que en el mismo texto constitucional se consideran fundamentales otros derechos como es el caso de las garantías consagradas en el Artículo 44, colocados en cabeza específicamente de los niños, por ejemplo, el derecho a “tener una familia y no ser separados de ella”, al “cuidado” y al “amor”.

También resulta importante hacer referencia a los derechos fundamentales que hacen parte del llamado BLOQUE DE CONSTITUCIONALIDAD, que en sentido estricto son aquellas normas y principios que aparecen o no directamente en la Constitución, pero poseen su misma fuerza vinculante como los  Tratados Internacionales de Derechos Humanos ratificados por Colombia y las normas del Derecho Internacional Humanitario.

Existen otros derechos que son FUNDAMENTALES POR CONEXIDAD, como los señalados en los Artículos 94 de la Carta Constitucional y 2o del Decreto 2591 de 1991. La Corte Constitucional ha considerado que la acción de tutela también es procedente –aunque de manera excepcional– para la protección de derechos constitucionales o legales que no ostenten el rango de fundamentales, siempre y cuando guarden una especial relación de conexidad y una dependencia directa con otros de carácter fundamental. Así, aunque un derecho no ostente en sí mismo el carácter de fundamental, si de su vulneración un auténtico derecho fundamental se pudiera ver afectado, es viable solicitar su amparo a través del mecanismo excepcional de la tutela.

Lea todos los artículos de Fanny Parra Eraso

Aquí podemos mencionar los derechos económicos, sociales y culturales previstos en el Capítulo 2, Título II de la Carta, o los derechos colectivos consagrados en el Capítulo 3 del Título II los cuales pueden ser objeto de tutela constitucional, siempre y cuando se demuestre que su vulneración se encuentra en estrecha relación con la de un derecho fundamental, por ejemplo: la seguridad social y la remuneración mínima, vital y móvil, liado a los derechos a la vida y al trabajo en condiciones dignas.

A vía de ejemplo mencionamos el derecho a la seguridad social (Artículo 48 C.N.) que en forma sistemática es vulnerado por las Administradoras de Pensiones al liquidar en forma ilegal las pensiones de los afiliados, no aplicando el Régimen Pensional que les corresponde, afectando de manera grave las garantías superiores al mínimo vital y a la vida en condiciones dignas, pues, con la disminución de las mesadas no es posible cubrir las necesidades básicas propias y de sus grupos familiares.

Para concluir este punto, resulta necesario citar la selección que realiza la Constitucionalista Catalina Botero Marino, en su libro: SEIS CRITERIOS DE FUNDAMENTALIDAD DE LOS DERECHOS A PARTIR DEL ANÁLISIS DE LA JURISPRUDENCIA DE LA CORTE CONSTITUCIONAL.

1) Derechos de aplicación inmediata, que son aquellos enunciados expresamente en el Artículo 85 de la Carta Fundamental;

2) Derechos subjetivos contenidos en el Capítulo 1 del Título II de la Carta, siempre y cuando su estructura y contenido permitan la aplicación de su inmediatez judicial; se exceptúa el derecho a la paz;

3) Derechos fundamentales por expreso mandato constitucional, como es el caso de los derechos fundamentales de los niños consagrado el Artículo 44 Constitucional;

4) Derechos que integran el bloque de constitucionalidad;

5) Derechos innominados y

6) Derechos fundamentales por conexidad.

Escribe tu correo

narino.info

Compartir